Por Priscilla Álvarez y Michael Williams, CNN
Familias inmigrantes retenidas en un centro de detención en Texas describen estadías prolongadas, niños abatidos, acceso limitado a agua potable y agentes que ofrecen dinero para que las familias abandonen el país voluntariamente, según nuevas declaraciones judiciales presentadas la madrugada de este martes.
Los documentos describen un retrato del interior del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Hasta noviembre, había en esta instalación alrededor de 160 familias que habían cruzado la frontera entre Estados Unidos y México o habían sido detenidas por autoridades en Estados Unidos como parte de la amplia ofensiva de la administración Trump.
Los funcionarios de la administración se han jactado de miles de arrestos desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, a menudo catalogando a quienes son objeto de arresto como amenazas a la seguridad pública y nacional.
Pero entre las personas detenidas, en lugares como los controles de ICE y los retenes vehiculares, se encuentran familias indocumentadas.
La detención familiar, que se expandió durante la administración del expresidente Barack Obama, se suspendió durante la administración Biden antes de reanudarse este año.
El centro de Dilley, concebido como un centro de detención residencial, no como un centro penal, está diseñado para albergar familias, con una serie de remolques beige con espacios dedicados a biblioteca, gimnasio y aula. En Dilley hay desde bebés hasta adolescentes.
Pero los defensores de los inmigrantes y los abogados han expresado sistemáticamente la alarma sobre la detención de niños.
“Cuando estuvimos en Dilley hace unas semanas, las condiciones de confinamiento y el trato a las familias parecen haber empeorado, y las familias denunciaron preocupaciones terribles, como la negación de atención médica crítica, gusanos y moho en los alimentos que hacen que los niños enfermen, y amenazas de separación familiar por parte de los oficiales y el personal”, denunció Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights, que ha estado en Dilley seis veces este año.
“Las familias nos dicen que sus hijos están débiles, desmayados, pálidos y a menudo lloran porque tienen mucha hambre”, añadió.
CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios. El Gobierno ha declarado en documentos judiciales recientes que ya está abordando algunas de las cuestiones planteadas por los detenidos.
Los nuevos documentos judiciales muestran que los detenidos en Dilley alegan que sus condiciones médicas son mal tratadas, sus hijos no pueden comer la comida que se les proporciona, las habitaciones están abarrotadas y la iluminación dificulta el sueño.
“Esto es una prisión, un verdadero infierno. No es un buen lugar para nadie. Todos los niños sufren. Las madres lloran, sobre todo por sus hijos. Todos sufrimos”, declaró NGC, una madre de 29 años detenida con su hija de 5. (Los documentos judiciales identifican a los detenidos solo por sus iniciales).
Más de 100 familias compartieron testimonios con abogados de inmigración entre mayo y noviembre como parte del Acuerdo Flores de 1997, que exige que el Gobierno libere a los niños de la custodia gubernamental sin demoras innecesarias a sus patrocinadores, como sus padres o familiares adultos, y establece las condiciones bajo las cuales se les retiene.
Todas las familias que presentaron declaraciones llevaban semanas en el centro y se encontraban en diversas etapas de sus trámites inmigratorios para permanecer en Estados Unidos. Las últimas declaraciones corresponden al período comprendido entre septiembre y noviembre.
“Hice todo bien según el sistema de inmigración de aquí, ¿y ahora quién va a pagar mis cuentas? ¿Mi apartamento? ¿Las facturas del teléfono? ¿He perdido mi trabajo? Y si nos liberan, ¿pueden simplemente detenernos de nuevo? No lo entiendo”, manifestó JVDA, una madre de 32 años detenida con su esposo y sus tres hijos, de entre seis y 16 años.
Varios detenidos describieron cómo sus hijos languidecían en medio de la incertidumbre de su detención.
“Mi hija tiene una actitud completamente diferente ahora. No quiere jugar con los otros niños… No quiere comer por sus emociones. Siempre ha sido una gran comilona. La comida le resulta demasiado pesada. Es picante y pesada. Ha perdido peso por no comer”, comentó JRF, una madre de 26 años que ha estado detenida en Dilley con su hija de 5.
“Los niños aquí pueden ponerse tristes cuando deportan a alguien o sus amigos se van. Están cansados de hacer lo mismo todos los días. Intentamos ayudar a los que están tristes y les enseñamos a jugar un juego nuevo. A veces, los niños no comen cuando están tristes”, apuntó NTG, un joven de 16 años detenido en Dilley.
Las familias también han expresado su preocupación por el agua disponible. Aseguran que el agua del grifo tiene un sabor desagradable y la embotellada es limitada.
“Aquí no se puede beber agua. Huele fatal y nos duele mucho el estómago. Tenemos que comprarla en el comisariato si tenemos dinero. En el comedor hay leche y jugo, pero no hay agua. Los guardias dicen: ‘Esto es todo. Si no te gusta, cómprala en la tienda’”, indicó JRF.
“Ojalá tuviéramos más agua aquí. Solo tienen para beber durante el día jugo de manzana y leche. Nos dicen que la del grifo no es buena. A veces bebo agua del lavabo, pero me duele la garganta y me provoca mucha tos”, sostuvo NTG.
Varios detenidos dijeron que tuvieron que comprar productos de higiene en el economato del centro de detención porque el jabón que les daban para bañarse, lavarse las manos y limpiarse el cabello no era suficiente para mantenerse limpios.
En una presentación judicial a principios de este mes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó un informe sobre las instalaciones de Dilley, que aborda el servicio de alimentos, el agua y las mejoras en curso.
Por ejemplo, se instalaron filtros de agua Brita en las viviendas y se cambió la iluminación de las salas de estar por bombillas de luz “blanca suave”, aunque permanecen encendidas durante la noche, según el informe.
“A través de una supervisión sostenida, un sistema de inspección de múltiples niveles y capacitación continua del personal, ICE ha construido una base de responsabilidad y transparencia en el cuidado de los menores y las familias bajo su custodia”, concluyó el informe.
Los abogados de inmigración presentaron las declaraciones judiciales detallando la experiencia de los detenidos como respuesta al documento del Gobierno.
“Las declaraciones contrastan marcadamente con la información que ICE está proporcionando al tribunal”, manifestó Welch.
Una madre de 31 años que fue detenida mientras viajaba de Nueva York a Miami, declaró que los funcionarios del aeropuerto de Miami amenazaron con quitarle a su hija de 9 años si la madre no respondía preguntas.
Una vez en Dilley, la mujer, identificada como MMS, indicó que los funcionarios amenazaban a los detenidos con castigos por infracciones simples. Aseguró que nunca le dieron orientación legal ni una presentación sobre sus derechos. En cambio, “el único tema que ICE ha tratado es cómo autodeportarse”, escribió.
Varias familias también describieron los incentivos financieros que ofrecen las autoridades migratorias para salir voluntariamente de Estados Unidos.
El Gobierno ha estado presionando a los inmigrantes indocumentados para que se autodeporten, ofreciéndoles un estipendio de US$ 1.000, que se pagará después de confirmar su regreso a casa.
“Un agente de ICE también nos dijo que teníamos que firmar un formulario de salida voluntaria para que nos dieran US$ 1.000. Dijo: tienen que firmarlo porque, de lo contrario, nunca más podrán entrar a Estados Unidos”, comentó JVDA.
El acuerdo de conciliación de Flores no prohíbe al Gobierno federal deportar a un niño y su familia, pero establece que los menores no pueden permanecer en detención inmigratoria durante períodos prolongados y se debe considerar su liberación.
Algunos padres instaron a las autoridades a permitir que sus hijos sean entregados a familiares en Estados Unidos y que sólo mantengan detenidos a los adultos, con la esperanza de proporcionarles algún alivio.
“Quiero que pueda terminar la preparatoria y defender su caso en la corte de inmigración. No es una decisión fácil para una madre, especialmente cuando mi hijo y yo somos tan unidos. Lo amo profundamente. Y por eso, quiero darle la oportunidad que merece de ser libre”, declaró QG, una madre detenida con su hijo de 16 años.
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